La clave del desarrollo industrial: Cómo la Ley 242-20 transforma el sector en República Dominicana
Santo Domingo.- El Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (Proindustria) ha jugado un papel fundamental en el avance del sector industrial manufacturero en la República Dominicana.
A través de la implementación y promoción de la Ley 242-20, modificación de la original 392-07, que incentiva a las industrias importadoras de maquinarias, la institución ha facilitado el crecimiento y la modernización del sector, impulsando una mayor competitividad en los mercados locales e internacionales.
Desde su creación, esta legislación ha permitido que las industrias puedan adquirir maquinarias y equipos esenciales para optimizar sus procesos productivos, con una considerable reducción de costos tributarios.
La exención del 50 % del Itbis en la importación de maquinarias ha aliviado significativamente la carga financiera de las empresas, incentivando así el crecimiento industrial y fomentando la competitividad.
Este mecanismo no solo ha beneficiado a las empresas que buscan modernizar sus infraestructuras, sino que también ha repercutido positivamente en el desarrollo económico del país.
Al permitir que las empresas puedan importar equipos de alta tecnología, se promueve la eficiencia y productividad, lo que se traduce en un aumento en la capacidad de producción, mejor calidad en los productos y mayor oferta en el mercado local e internacional. En consecuencia, la República Dominicana ha logrado posicionarse como un destino atractivo para las inversiones extranjeras.
El atractivo de esta legislación para las inversiones radica en que permite el acceso de las industrias locales y extranjeras a facilidades fiscales que las ubican en una posición ventajosa frente a otros mercados. Las empresas, al contar con incentivos que les permiten reducir costos en la adquisición de equipos y tecnología, ven a la República Dominicana como un lugar propicio para establecer o expandir operaciones industriales. Esto crea un ambiente favorable para la inversión, tanto de capital local como extranjero.
Un punto crucial es el impacto positivo que esta ley tiene en la generación de empleo. Al fomentar la modernización y expansión de las industrias, se crean nuevas oportunidades laborales en el país.
Cada empresa que optimiza su producción necesita de personal capacitado para operar las maquinarias y gestionar los nuevos procesos. Así, esta ley no solo contribuye al desarrollo económico del país, sino también a la mejora en las condiciones de vida de miles de dominicanos.
La depreciación acelerada, otro de los beneficios establecidos en la ley, permite que las empresas reporten mayores gastos deducibles, lo que genera una disminución en sus obligaciones fiscales.
Este alivio impositivo no solo favorece la reinversión en nuevas tecnologías y maquinarias, sino que también permite que las empresas mantengan una liquidez financiera que puede ser destinada a otras áreas de crecimiento, como la contratación de más empleados o la expansión de sus instalaciones.
Además de los beneficios directos, la ley también fomenta la innovación y la transferencia de conocimientos. Las empresas que invierten en tecnología de punta no solo modernizan sus operaciones, sino que también crean un efecto multiplicador al capacitar a sus empleados en el uso de nuevas herramientas y procesos. Esto eleva el nivel de competencia de la mano de obra dominicana, posicionando al país como un referente en sectores industriales clave.
El proceso de importación simplificado para las empresas calificadas por Proindustria ha sido otro elemento clave en el éxito de esta ley. La reducción de trámites burocráticos y la agilidad en el proceso de adquisición de bienes de capital permiten que las empresas puedan concentrarse en su crecimiento y desarrollo, sin enfrentar trabas administrativas. Este ambiente de facilitación es crucial para atraer y retener inversiones en el país.
La reinversión de utilidades, contemplada en la ley, ofrece a las empresas la posibilidad de deducir hasta el 50 % de las utilidades obtenidas en el año fiscal anterior, siempre que estas se destinen a la adquisición de maquinarias y tecnología. Este incentivo promueve que las empresas continúen apostando por la innovación y mejora continua, lo que a largo plazo se traduce en un sector industrial más competitivo y robusto.
En definitiva, la vigencia de esta ley es esencial para continuar impulsando el desarrollo industrial del país. Sin estos incentivos, muchas empresas se verían limitadas en su capacidad de crecimiento y modernización, lo que afectaría no solo a la industria en sí, sino también a la economía nacional en su conjunto.
Es por esto que mantener y fortalecer esta legislación es una prioridad, tanto para el gobierno encabezado por el presidente Luis Abinader como para la institución dirigida por Rafael Cruz Rodriguez, en aras de asegurar un futuro próspero para la República Dominicana.
La combinación de incentivos fiscales, facilidades administrativas y apoyo a la innovación ha demostrado ser un modelo exitoso para el crecimiento industrial del país. Mantener esta ley en vigencia no solo asegura la continuidad de estos beneficios, sino que también posiciona a la República Dominicana como un líder regional en el fomento de la industria y la atracción de inversiones.
