Entra en vigencia la nueva Ley 47-25 de Contrataciones Públicas en la República Dominicana

Esta nueva regulación define con claridad los estándares, plazos y responsabilidades para la ejecución efectiva por parte de los actores que conforman el Sistema Nacional de Contrataciones Públicas.

DGCP
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Santo Domingo.- La nueva Ley 47-25, de Contrataciones Públicas, entrará en vigencia este miércoles tras agotarse los 180 días de plazo, luego de su promulgación por parte del presidente Luis Abinader el 28 de julio del año pasado.

La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) informó que mañana el mandatario encabezará el acto de firma del decreto que aprueba el Reglamento de Aplicación General que traduce los principios de la ley en acciones concretas y define con claridad los estándares, plazos y responsabilidades para la ejecución efectiva del nuevo marco normativo por parte de los actores que conforman el Sistema Nacional de Contrataciones Públicas.

La DGCP explicó que, a partir de ahora comienza un proceso de implementación gradual de la normativa, que conlleva una etapa de capacitación y el acompañamiento del órgano rector a las unidades de compras de las instituciones sujetas al ámbito de aplicación para garantizar que nadie se quede atrás en el cumplimiento de la nueva legislación.

“El despliegue gradual asegura que cada etapa cuente con el respaldo reglamentario necesario, brindando certeza y pasos claros para todos los actores del sistema”, afirmó el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, mediante una nota de prensa.

La institución también informó que este jueves emitirá una resolución que orienta los próximos pasos institucionales para garantizar la correcta implementación de la ley. 

La nueva Ley 47-25 da un impulso histórico a las mipymes y las mipymes mujeres, incrementando la reserva del 20 % al 30 % del presupuesto de compras; endurece el régimen de consecuencias para prevenir y castigar la corrupción en las compras públicas; establece nuevas modalidades de contratación y el uso obligatorio del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP), así como la integración de criterios medioambientales y de sostenibilidad en los procesos, entre otras novedades.