INDOCAL anuncia puesta a disposición de esquema de certificación de eficiencia energética en apoyo al Decreto 158-23
Santo Domingo.- El Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL) anunció la puesta a disposición para las organizaciones públicas y privadas, de un esquema de certificación de eficiencia energética, basado en la Norma ISO 50001:2018, que permitirá la implementación de procesos para mejorar el desempeño, uso y consumo de energía en sus equipos e instalaciones.
El esquema está disponible a través de la Dirección de Evaluación de la Conformidad del INDOCAL y constituye una herramienta de apoyo para los planes de ahorro energético e implementación de fuentes de energías renovables en las dependencias estatales, acorde con las mejores prácticas internacionales, a propósito del Decreto 158-23 emitido por el presidente Luis Abinader que declara el tema de alta prioridad nacional.
La NORMA ISO 50001 expone los requisitos para establecer e implementar un sistema de gestión de la energía, desde el desarrollo de una política energética, con metas y planes de acción para abordar los riesgos y oportunidades de mejora relacionados con su uso eficiente.
Además, contribuye a reducir los costos de energía asociados y definir indicadores de desempeño energético para que las organizaciones sean cada vez más competitivas. Igualmente, favorece el logro de los objetivos para la mitigación de los efectos del cambio climático, mediante la reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con la energía.
El esquema es aplicable a cualquier organización que busque demostrar su cumplimiento, sin importar su tipo, tamaño, complejidad o ubicación geográfica.
Sobre INDOCAL
INDOCAL es la autoridad nacional responsable de la Normalización, la Metrología y Evaluación de la Conformidad, atribuciones contempladas en la Ley 166-12 del Sistema Dominicano para la Calidad, SIDOCAL, promulgada el 12 de julio del 2012, en sustitución de la Dirección General de Normas y Sistemas de Calidad (DIGENOR).
El INDOCAL tiene la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de los requisitos de seguridad y calidad establecidos por los mercados a través de los acuerdos y tratados internacionales sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC), así como las medidas sanitarias y fitosanitarias, para asegurar el derecho a la ciudadanía de disponer de bienes y servicios con calidad.